En esta última sección se reseñan brevemente otras medidas que los Estados pueden aplicar para reducir la corrupción en el sector privado como complemento de las sanciones para castigar los actos corruptos y los incentivos para fomentar las buenas prácticas. Varias de estas medidas adicionales responden a situaciones de carencia de recursos y otros problemas de índole práctica que pueden menoscabar la efectividad de sanciones más tradicionales.
Las reformas de la administración pública y del marco normativo orientadas a disminuir las oportunidades de corrupción constituyen otra posible esfera de cooperación entre los Estados y el sector privado. Al igual que ocurre con los pactos de integridad y las iniciativas codificadoras, esta alternativa puede ser una medida especialmente valiosa cuando el Estado encuentra obstáculos para aplicar otras medidas de cumplimiento más tradicionales.
Las empresas pueden liderar, promover y apoyar la promulgación y aplicación de marcos jurídicos nacionales e internacionales sólidos que traten de eliminar las prácticas corruptas y destaquen las ventajas de los entornos empresariales libres de corrupción que atraen la inversión extranjera directa. También pueden aportar su experiencia y recursos para desarrollar la capacidad de los gobiernos locales de elaborar, aplicar y hacer cumplir leyes y reglamentos para combatir la corrupción en todas sus formas. 79
Las reformas de la administración pública y del marco regulatorio persiguen la finalidad más amplia de aumentar la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas del gobierno; aunque también pueden fomentar en gran medida los objetivos del sector privado mediante la aplicación de sanciones e incentivos. 80 Los funcionarios públicos que comprenden la importancia de la integridad actúan en un entorno claro y transparente y los que reciben la debida remuneración tienen menos probabilidades de exigir o aceptar sobornos de agentes privados. Las empresas pueden llevar a cabo sus operaciones con mayor certidumbre y confianza de que recibirán un trato razonable y justo. Las medidas destinadas a promover la denuncia de conductas ilícitas, regular las «puertas giratorias» entre el empleo en el servicio público y las empresas, y resolver los eventuales conflictos de interés suscitados por regalos y contribuciones políticas pueden ser especialmente útiles para elevar los estándares de integridad empresarial.
Si bien las reformas de la Administración y la contratación pública son fundamentalmente responsabilidad del Estado, las comunidades empresariales locales pueden hacer una valiosa contribución a esos esfuerzos. Las empresas privadas están en primera línea de la corrupción, ya sea como fuente o como víctima de actos corruptos. Por ello, a menudo son quienes mejor pueden identificar los riesgos prioritarios y las opciones de respuesta más eficaces. Las prácticas del sector privado relacionadas con la identificación y mitigación de los riesgos de corrupción, la capacitación del personal y la supervisión del cumplimiento también pueden beneficiar iniciativas paralelas de los organismos estatales de lucha contra la corrupción.
Las actividades dirigidas a aumentar la sensibilización pública sobre el peligro que entraña la corrupción también pueden ser una herramienta para reforzar la integridad empresarial y reducir la corrupción relacionada con el sector privado. Así pues, la educación puede dirigirse a diversos públicos.
Los enfoques educativos más recientes han consistido en impartir formación en el seno de determinados organismos profesionales que, a menudo, se encuentran en primera línea de la corrupción, ya sea propiciándola o combatiéndola, como son abogados, contables, auditores, agentes inmobiliarios, agentes de seguros y marchantes de arte. En lugar de estigmatizar a los que la propician, los gobiernos y el sector privado podrían colaborar para asegurarse de que determinados colectivos profesionales no funcionen como intermediarios en el blanqueo y la ocultación en paraísos fiscales de activos robados.
Algunos reguladores y asociaciones sectoriales han apostado por educar a los profesionales sobre los estándares de integridad y alinearlos con los objetivos del Estado para contrarrestar la corrupción.
Se ha comprobado que los esfuerzos por mejorar la inclusión y la diversidad mediante, por ejemplo, una mayor igualdad de género en el lugar de trabajo, mejoran la integridad de las empresas de diversas formas, como un menor número de casos de mala conducta y unas estructuras de gobernanza más sólidas. 82 Lo mismo ocurre a la inversa: una mayor integridad, transparencia y responsabilidad en el sector privado suele impulsar la inclusión, la diversidad y la igualdad de género en el lugar de trabajo. Existen varias formas de integrar estratégicamente la relación de refuerzo mutuo entre la igualdad de género y la integridad empresarial en los incentivos y sanciones estatales de lucha contra la corrupción dirigidos al sector privado.
Por ejemplo, varios Estados han implantado cuotas de género para promover la diversidad en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa, garantizando así que la cúpula refleje una variedad de perspectivas y se beneficie de ellas. 83 Asimismo, algunos Estados han empezado a emplear prácticas de contratación con perspectiva de género para promover la diversidad y la competencia leal entre los contratistas públicos, por ejemplo utilizando criterios de igualdad de género como factor de desempate a la hora de evaluar ofertas iguales. 84 En otros Estados, las leyes de contratación recogen cláusulas de igualdad de género, por ejemplo, las que prohíben participar en contratos públicos a toda persona que haya sido condenada por discriminación o acoso, o las que exigen a las grandes empresas que adopten planes de igualdad de género o impongan la paridad salarial.85 Este tipo de medidas no solo refuerzan la integridad de los procesos de contratación, sino que también utilizan el poder adquisitivo del Estado para promover el empoderamiento económico de mujeres y hombres por igual. Otras buenas prácticas relevantes incluyen la adopción de procesos de certificación relacionados con el género, cuotas, criterios de selección y requisitos de información.
Bajo el paraguas de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs, por sus siglas en inglés), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ONU Mujeres han publicado unas notas de orientación sobre la creación de consejos de administración inclusivos para lograr la igualdad de género y la contratación con perspectiva de género.
Otra herramienta que los Estados han estado empleando es exigir la diligencia debida en toda la cadena de suministro de una empresa para evaluar el cumplimiento de las obligaciones anticorrupción. 86 Esto puede implicar la presentación de informes específicos sobre los requisitos medioambientales, sociales y de gobernanza; la adhesión a la legislación laboral; la evaluación del riesgo en toda la cadena de suministro; la evaluación de los proveedores —incluidos los de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los terceros intermediarios— en función de criterios anticorrupción; la imposición de obligaciones contractuales que exijan explícitamente a los proveedores cumplir la normativa anticorrupción; comprobar de forma continua que los proveedores cumplen sus obligaciones al respecto; establecer mecanismos de denuncia para informar de presuntos casos de incumplimiento, junto con la adopción de medidas de reparación y coercitivas en caso de que se descubran actividades corruptas.
Para cumplir estas diversas obligaciones, las organizaciones deben aplicar sólidas medidas de diligencia debida que promuevan la transparencia y la integridad en toda su cadena de suministro. Al establecer estos requisitos, los Estados pretenden obligar a las empresas a abordar de forma proactiva los riesgos de corrupción. Las propias empresas tienen la oportunidad de impulsar normas de integridad de formas que pueden superar en impacto a la acción de los Estados; por ejemplo, impartiendo formación en la cadena de suministro, prestando asistencia técnica y mediante procesos de selección preferente. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, también pueden influir en la integridad propiciándola en su cadena de suministro. Como proveedores de empresas más grandes, pueden obtener una ventaja comercial si aplican buenas prácticas y ofrecen garantías a las multinacionales sobre sus protocolos de integridad. Esto además obliga a las pymes competidoras a instaurar buenas prácticas para no perder competitividad.
Los alicientes que recompensan la integridad de los proveedores dan a estas buenas prácticas un valor comercial real.
Como paso importante para reforzar la transparencia de la cadena de suministro, la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad del Parlamento Europeo y del Consejo exige a las empresas europeas y no europeas determinadas obligaciones de diligencia debida en materia de medioambiente y derechos humanos en todas sus operaciones, filiales y cadena de valor. En particular, esta Directiva reconoce que los efectos sobre los derechos humanos y el medioambiente pueden estar entrelazados o sustentados por factores como la corrupción y el soborno. Por lo tanto, las empresas deben tener en cuenta estos factores a la hora de llevar a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente, en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 87
Los gobiernos pueden reducir la corrupción integrando la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de digitalización. Por ejemplo, el uso de sistemas de contratación electrónica (e-procurement) puede aumentar la transparencia, facilitar el acceso a las licitaciones públicas, reducir la interacción directa entre los funcionarios de contratación y las empresas, aumentar el alcance y la competencia, y permitir detectar más fácilmente la corrupción dentro del ciclo de contratación. Aprovechar una tecnología similar como condición para contratar o realizar transacciones en otras áreas de gran volumen de operaciones, como puertos o aduanas, puede ayudar a reducir las oportunidades de que arraigue la corrupción y fomentar la integridad empresarial.
Los denunciantes desempeñan un papel crucial en materia de integridad empresarial. Permiten a las empresas y entidades detectar a tiempo las irregularidades que se cometen en su seno. Al comunicar a nivel interno información que podría desvelar la comisión de un delito penal, por ejemplo, los denunciantes permiten que las empresas puedan adoptar las medidas necesarias para prevenir y detener estas irregularidades, castigar a los responsables y cooperar con las autoridades competentes. Además, gracias a estas denuncias, las empresas están en condiciones de actualizar sus procesos de evaluación de riesgos y el correspondiente plan de mitigación de esos riesgos. Sin embargo, los denunciantes suelen tener miedo a denunciar, por temor al despido o a otro tipo de represalias profesionales. Para remediarlo, es esencial que las empresas y los Estados pongan en marcha mecanismos de reconocimiento, promoción y protección de los denunciantes, de modo que se sientan apoyados y apreciados, y sepan que han hecho lo correcto.
Las recompensas a los denunciantes han de ir acompañadas de medidas de protección para ellos. Los incentivos económicos pueden no ser suficientes para que los denunciantes se sientan cómodos denunciando la corrupción. Colaborar con las autoridades puede conllevar un gran riesgo personal, por lo que los Estados deben implementar protecciones sólidas para los denunciantes a fin de protegerlos de posibles represalias. Consciente de los retos a los que se enfrentan los denunciantes, la Recomendación de la OCDE contra el soborno de 2021 exige a los países que establezcan «marcos jurídicos e institucionales sólidos y eficaces para proteger[los] [...] y/o para reparar cualquier represalia contra ellos».
Esto incluye trasladar la carga de la prueba para que el denunciante no tenga que demostrar que la acción presuntamente adversa no se llevó a cabo en represalia por la denuncia.88
Las empresas desempeñan un papel importante a la hora de proporcionar un entorno seguro para denunciar los abusos de corrupción. Los sistemas internos son esenciales para el buen funcionamiento de la protección de los denunciantes.
Si bien los incentivos de índole preventiva tienen principalmente por objeto alentar las inversiones empresariales en la aplicación de buenas prácticas en el marco de programas anticorrupción, algunos incentivos se están utilizando para fomentar la denuncia de posibles infracciones por parte de particulares.
Aunque esta no es la única posibilidad de dar reconocimiento al papel de los denunciantes, cabe señalar que en Estados Unidos se han utilizado incentivos durante muchos años para alentar y compensar las denuncias de fraude en las adquisiciones y otras violaciones en la esfera de la contratación pública, lo que ha permitido al Gobierno recuperar más de 72.000 millones de USD entre 1987 y 2022. 89 Esto se ha hecho extensivo después a las violaciones de la legislación sobre títulos y valores por empresas públicas, incluida la omisión de registrar debidamente y comunicar los casos de soborno. En Estados Unidos, en virtud de la Ley Dodd-Frank, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está autorizada a conceder a los denunciantes entre un 10 % y un 30 % de las sumas recuperadas como resultado de una medida coercitiva, a modo de incentivo para animar a quienes dispongan de información a denunciar. 90
Los Estados también pueden animar a las empresas a que desarrollen sus propios programas de reconocimiento y compensación de los denunciantes, otorgando ciertos beneficios a las empresas que así lo hagan. El hecho de que una empresa cuente con programas de este tipo es señal de que está comprometida con descubrir cualquier irregularidad en su seno y atajarla como es debido, lo que incluye recompensar a la persona que haya facilitado la información. La «recompensa» para las empresas que cuentan con este tipo de programas puede consistir en la inclusión en una lista blanca del gobierno, el acceso a portales de licitaciones o la obtención de una certificación oficial como proveedor íntegro.
