Ley contra el soborno (Bribery Act) del Reino Unido
En abril de 2010, el Reino Unido aprobó la Ley contra el Soborno de 2010, que supuso una renovación total del régimen jurídico de este tipo de delitos. La Ley contra el Soborno establece un tipo delictivo específico de soborno de funcionarios públicos extranjeros (artículo 6) y varios tipos delictivos de carácter general que abarcan tanto la solicitud de sobornos como la oferta (artículos 1 y 2). En concreto, estas disposiciones se aplican tanto al cohecho de funcionarios públicos como al soborno de índole comercial. Además, la ley establece un nuevo tipo delictivo de omisión de la obligación de prevenir el soborno, por el que las empresas comerciales pueden ser consideradas responsables del soborno que cometan sus asociados a menos que cuenten con procedimientos adecuados para prevenirlo (artículo 7). Por último, el artículo 14 establece un delito para determinados altos cargos de una persona jurídica o asociación, cuando la persona jurídica o asociación comete un delito de soborno con el consentimiento o la connivencia del alto cargo en cuestión. La Ley contra el Soborno del Reino Unido entró en vigor en julio de 2011.
Francia: Ley SAPIN II
En 2016, Francia aprobó la Ley de transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la vida económica, conocida como «Ley SAPIN II». En primer lugar, la Ley SAPIN II reforzó el aspecto preventivo del sistema anticorrupción francés, en particular al imponer a las grandes empresas la obligación de poner en marcha programas anticorrupción, con sanciones en caso de incumplimiento, y establecer un régimen general para los denunciantes de irregularidades. A través de la Ley SAPIN II también se creó la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA), cuyo mandato es ayudar a los actores públicos y privados a prevenir y detectar «el cohecho, el tráfico de influencias, la extorsión por parte de funcionarios públicos, el aprovechamiento ilegal de conflictos de intereses, la malversación de fondos públicos y el favoritismo». Además, esta Ley introdujo nuevas medidas coercitivas, entre otras, una pena adicional que obliga a las empresas condenadas por cohecho a aplicar un programa de cumplimiento (Código Penal, art. 131-39-2), el Acuerdo Judicial de Interés Público (CJIP, por sus siglas en francés), una resolución extrajudicial cuyo objetivo es lograr una tramitación más eficaz y oportuna de las medidas coercitivas iniciadas contra personas jurídicas por determinados delitos económicos, incluidos los delitos de cohecho nacional e internacional (Código de Procedimiento Penal, art. 41-1-2), y un delito de tráfico de influencias en relación con funcionarios públicos extranjeros (Código Penal, art. 435-2).
