Eslovaquia adoptó la definición de titularidad real recogida en la Directiva de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales, pero añadió un matiz sobre el control conjunto y la acción coordinada basándose en su propia experiencia práctica en materia penal. Ello implica que es posible que una persona no se ajuste por sí sola a la definición y al umbral de titularidad real, pero que sí lo haga junto con otra u otras personas. El control conjunto y la acción coordinada se presuponen, por ejemplo, si las personas son familiares, o si diferentes accionistas tienen un historial de voto similar. La definición de titularidad real se introdujo en la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales mediante la Ley sobre el Registro de Socios del Sector Público, que entró en vigor en 2017.
En el Registro de Socios del Sector Público, la responsabilidad de la inscripción recae en una «persona autorizada» residente en la jurisdicción, como un abogado, notario, auditor, banquero o asesor fiscal. Los documentos de verificación que muestran cómo se ha identificado a un titular real están disponibles para su consulta pública en el Registro y han sido validados por la persona autorizada. El Registro cuenta con un órgano de supervisión independiente y está regido por un Tribunal ad hoc. Cualquiera puede presentar una solicitud justificada de consulta de datos ante el Tribunal de Registro y, si el Tribunal la considera razonable, se inicia un procedimiento para exigir a la empresa que verifique los datos que ha presentado. La singularidad del sistema eslovaco radica en este mecanismo de inversión de la carga de la prueba.
Si los datos en cuestión siguen siendo incorrectos o incompletos, el Tribunal puede multar a la empresa, eliminarla del registro y anular los contratos públicos en vigor. Las multas pueden ser de hasta el 100 % del beneficio económico de los contratos públicos de una empresa o, si este no se puede determinar, de hasta un millón de EUR (1,09 millones de USD). Las personas autorizadas y aquellas que ocupan cargos directivos pueden ser multadas con hasta 100.000 EUR (109.000 USD). La eliminación del registro implica la imposibilidad de que la empresa sea adjudicataria de contratos públicos. La inhabilitación ha demostrado ser una sanción eficaz y se basa en una decisión judicial por la que una persona natural no puede actuar como miembro del órgano estatutario o de supervisión de una empresa o cooperativa. Esta prohibición se extiende a la posibilidad de ejercer como jefe de una sucursal de una empresa, jefe de una empresa extranjera, jefe de una sucursal de una empresa extranjera, o como firmante autorizado (apoderado).
Fuentes: https://rpvs.gov.sk/rpvs/; https://www.justice.gov.sk/sluzby/register-partnerov-verejneho-sektora/open-data; https://businessintegrity.unodc.org/bip/en/questionnaire-on-states-measures-for-business-integrity.html
