En Uruguay se ha apelado al sector privado para que ayude a redactar normas anticorrupción aplicables a dicho sector. El proyecto de ley anticorrupción prevé que la existencia, ejecución y eficacia de programas de transparencia y ética empresarial o de mecanismos anticorrupción en el seno de las empresas atenúe las sanciones por actos de corrupción. En el caso de las pymes —que a menudo no tienen capacidad para desarrollar este tipo de programas—, la existencia de programas formativos y de sensibilización que promuevan la transparencia, la integridad y la ética empresarial en este tipo de empresas permite que las sanciones por actos corruptos se apliquen de forma escalonada. Asimismo, se contempla que el Estado uruguayo pueda otorgar beneficios a las empresas que brinden información oportuna sobre conductas corruptas. El proyecto de ley anticorrupción establece multas, inhabilitaciones y otras disposiciones administrativas para las empresas que cometan actos de corrupción. De esta forma, al involucrar al sector privado, el Estado se ha asegurado de que la ley refleje la realidad, al tiempo que ha brindado al sector la posibilidad de implicarse y responsabilizarse de la aplicación de la ley.
Fuente: Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
