La Red del Pacto Mundial en Kenia, como convocante del sector privado en el país, ha apoyado al Gobierno en la redacción, publicación y divulgación de varias políticas nacionales anticorrupción y sigue influyendo en el ecosistema legislativo como forma de fortalecer la integridad empresarial. Ante las carencias legislativas, las empresas kenianas impulsaron el Código de Ética Empresarial, una iniciativa para promover y mejorar la ética y la integridad de la conducta de las empresas en Kenia en consonancia con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en los ámbitos de los derechos humanos, el empleo, el medioambiente y la lucha contra la corrupción. Esta iniciativa de acción colectiva se aprobó en 2012 y, desde entonces y ante la falta de legislación específica en la materia, ha servido de hoja de ruta en cuestiones de integridad para más de ochocientas empresas signatarias del Código. En la actualidad, funciona como una herramienta complementaria a los marcos legales que han surgido desde que se aprobó la Ley contra el Cohecho de 2016. Esta Ley impone a las entidades públicas y privadas la obligación de establecer procedimientos adecuados a su tamaño, escala y naturaleza de las operaciones para prevenir el cohecho y la corrupción. Se tipifica como delito que una entidad no establezca los procedimientos de prevención del cohecho y la corrupción que exige la propia ley, al tiempo que se impone a la Comisión de Ética y Anticorrupción (EACC, por sus siglas en inglés) que ayude a las entidades públicas y privadas a desarrollar y aplicar tales procedimientos. A tal efecto, la EACC keniana ha elaborado una serie de directrices vinculantes para las entidades privadas. A través de la acción colectiva, Kenia ha redactado y promulgado el Reglamento y las Directrices contra el Cohecho de 2022 para hacer operativa la Ley contra el Cohecho mediante un proceso de consulta a múltiples partes interesadas. El Reglamento establece los procedimientos y el mecanismo que posibilitan la aplicación efectiva de la Ley contra el Cohecho; mientras que las directrices, por su parte, guían a las entidades privadas y públicas a la hora de establecer los oportunos procedimientos para la prevención del cohecho y la corrupción.
Fuentes: Ley contra el Cohecho, 2016; Directrices contra el Cohecho, 2022; Ley de protección de los denunciantes de 2021; Reglamento sobre los mercados de capitales (denunciantes) de 2022; Código de Ética Empresarial de Kenia.
