El régimen estadounidense prevé una serie de documentos, como directrices e instrumentos políticos, que establecen y dan a conocer los factores de atenuación de las sanciones a las empresas. Estos documentos incluyen:
- Directrices organizativas para la imposición de penas de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos. Publicadas anualmente desde 1991, se trata de las primeras directrices formales para la atenuación de las sanciones impuestas a empresas. En virtud de las directrices, las empresas pueden beneficiarse de reducciones de condena por implantar un programa eficaz de cumplimiento y ética, así como por denunciar, cooperar o aceptar su responsabilidad. Aunque técnicamente se limitan a las sentencias dictadas en la jurisdicción penal, en la práctica la importancia de estas directrices va mucho más allá. Los fiscales federales, por ejemplo, tienen en cuenta estas directrices, entre otros instrumentos políticos y jurídicos, a la hora de decidir si enjuician a una empresa, así como a la hora de determinar las penas que van a solicitar o que van a imponer cuando se trata de resoluciones extrajudiciales.
- Guía de referencia sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (en adelante, «FCPA» por sus siglas en inglés). En noviembre de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) publicaron la primera versión de la Guía de referencia sobre la FCPA. La Guía es una recopilación detallada de información sobre la FCPA, sus disposiciones y cómo hacerlas cumplir. Aborda una amplia variedad de cuestiones, incluyendo quién y qué está comprendido en el ámbito de aplicación de las disposiciones contables y de lucha contra el cohecho de la FCPA; la definición de «funcionario extranjero»; qué constituyen obsequios, gastos de viaje y de representación adecuados o inadecuados; la naturaleza de los llamados pagos de «facilitación»; cómo se aplica la responsabilidad sucesoria en el contexto de operaciones de fusión y adquisición; las características de un programa corporativo de cumplimiento eficaz; y los diferentes tipos de resoluciones civiles y penales que pueden darse en el contexto de la FCPA. En julio de 2020, el DOJ y la SEC publicaron una segunda versión de la Guía para reflejar los cambios producidos desde que se adoptó la primera edición. En marzo de 2023, también publicaron una versión en español.
- Guía del DOJ para la evaluación de la eficacia de los programas de cumplimiento de las empresas. Publicada por primera vez en febrero de 2017, esta Guía se actualizó por última vez en marzo de 2023. Su objetivo es ayudar a los fiscales a determinar en qué medida el programa de cumplimiento de una empresa era eficaz en el momento de cometerse el delito. Este documento esboza el método mediante el que los fiscales de la División Penal del DOJ evalúan los programas de cumplimiento de una empresa a la hora de determinar cuál es la forma adecuada de resolver el asunto. En caso de que proceda emprender una acción judicial o aplicar medidas coercitivas, también sirve de base para las decisiones que afectan al importe de las sanciones pecuniarias o al alcance de las obligaciones en materia de cumplimiento que deben solicitarse o imponerse.
- Política de la División Penal del DOJ sobre la aplicación de la ley y la revelación voluntaria de información por parte de las empresas. Revisada y actualizada en enero de 2023, esta política establece la premisa de no enjuiciar a las empresas que cumplan tres criterios: revelación voluntaria de información, plena cooperación en la investigación de las irregularidades y adopción de medidas correctivas oportunas y adecuadas para evitar futuras irregularidades. Asimismo, precisa lo que cada uno de estos criterios debe cumplir para poder acogerse a la medida. Si, a pesar de que la empresa cumple los tres criterios, procede emprender acciones legales, esta podrá beneficiarse de una reducción de la multa de entre el 50 % y el 70 %. Las empresas que no hayan denunciado la infracción por sí mismas podrán optar, como máximo, a una reducción del 50 % en caso de que cooperen en la investigación y adopten medidas correctoras.
Fuentes: Informe de evaluación de la fase 4 de Estados Unidos del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho; U.S. Department of Justice Criminal Division, Evaluation of Corporate Compliance Programs (actualizada en marzo de 2023); U.S. Department of Justice Criminal Division, 9-47.120 – Criminal Division Corporate Enforcement and Voluntary Self-Disclosure Policy.
