El compromiso del sector privado en la lucha contra la corrupción es esencial para fomentar un desarrollo económico sólido. Este compromiso contribuye a asegurar la existencia de mercados equitativos y seguros, así como al bienestar general de las sociedades. Los Estados pueden apoyar al sector privado para promover la integridad empresarial a través de una doble función: por un lado, imponiendo sanciones frente a las conductas indebidas y, por otro, incentivando la adopción de buenas prácticas.
La experiencia ha demostrado que el fomento de la integridad empresarial es una responsabilidad compartida entre los Estados y el sector privado, en colaboración con la sociedad civil y el ámbito académico. Las iniciativas de acción colectiva que reúnen a diversos interlocutores en una alianza de organizaciones del sector público y del privado se han convertido en un modelo integral para promover la integridad empresarial. Las normas internacionales más recientes, como la Recomendación de 2021 del Consejo para Fortalecer la Lucha contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (en adelante, «Recomendación de la OCDE para Combatir el Cohecho de 2021»), reconocen la importancia que reviste la acción colectiva y la necesidad de establecer alianzas entre el sector público y el privado.
Las sanciones,1 por sí solas, no siempre logran los mejores resultados a la hora de reducir la corrupción en el sector privado. Por eso, los gobiernos optan cada vez más por adoptar enfoques basados tanto en castigos como en recompensas, sirviéndose también de incentivos para fomentar la integridad empresarial. Promover la integridad empresarial exige encontrar la combinación adecuada de sanciones e incentivos.
Un requisito básico de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (en adelante, Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE) reside en que las sanciones sean «eficaces, proporcionadas y disuasivas», y este se aplica tanto a las personas naturales como a las jurídicas. En virtud de la Convención de las Naciones Unidas, algunas sanciones tienen carácter obligatorio, mientras que otras son meras recomendaciones. Por otra parte, a efectos de la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE, las Partes deben, como mínimo, contar con sanciones suficientes para permitir la ayuda jurídica recíproca y la extradición, pero el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE examinará de cerca si la combinación global de sanciones de cada uno de sus miembros es óptima. Asimismo, a las sanciones penales, administrativas o civiles debe añadirse la confiscación del soborno y del producto del cohecho de un funcionario público extranjero como medida complementaria. Los ejemplos y descripciones de las sanciones figuran en el Capítulo VI.
Los incentivos que premian a una empresa por sus buenas prácticas son un importante complemento de la aplicación de sanciones. Constituyen un reconocimiento de que el compromiso efectivo con los programas anticorrupción y las inversiones en estos y otras medidas destinadas a reforzar la integridad empresarial revisten a menudo carácter voluntario y van más allá de los requisitos legales mínimos. Así, los Estados pueden considerar la posibilidad de conceder ciertos beneficios a quienes cumplan los requisitos de buenas prácticas, como subvenciones públicas, licencias, contratos públicos, ayudas al desarrollo y créditos a la exportación. Para más información sobre los incentivos, véase el capítulo VI.
Los incentivos que recompensan las buenas prácticas no sustituyen a las sanciones que van aparejadas a la comisión de un delito, pero pueden ser una herramienta eficaz para fomentar la declaración voluntaria de la propia responsabilidad y promover que las empresas inviertan en programas de prevención de forma proactiva. Este papel complementario puede ser especialmente valioso para los esfuerzos de los Estados por aumentar la integridad de las empresas en circunstancias en las que el riesgo de detección y castigo es demasiado bajo. En este caso, se anima a las autoridades gubernamentales a reforzar sus capacidades de detección y aplicación de la ley, incentivando al mismo tiempo a las empresas para que adopten programas anticorrupción eficaces. Al mismo tiempo, es importante que los incentivos estén condicionados a sólidos esfuerzos de prevención y no se concedan de forma excesivamente arbitraria. Pueden ofrecerse incentivos como medidas de mitigación de la pena a entidades que hayan sido declaradas culpables de un delito, pero que se esfuercen por reparar el daño causado y cooperen con las autoridades en el curso de una investigación o un proceso judicial. No obstante, es importante señalar que los incentivos excesivamente generosos o mal aplicados socavan las normas de la OCDE y las Naciones Unidas para combatir el cohecho, así como la confianza pública en la administración de justicia.
Esta Guía de recursos proporciona a los Estados un marco para identificar y aplicar una combinación adecuada de sanciones e incentivos que fomenten la integridad empresarial. Para ello, se exponen las últimas novedades en el ámbito internacional en materia de lucha contra la corrupción. En particular, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE junto con la Recomendación de la OCDE para Combatir el Cohecho de 2021. 2 Esta publicación se ha elaborado en cumplimiento de la resolución 10/12, «Incentivos para que el sector privado adopte medidas de fomento de la integridad para prevenir y combatir la corrupción», aprobada por la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su décimo período de sesiones, celebrado en diciembre de 2023.3 Abarca los temas más importantes relacionados con la integridad empresarial y contiene una serie de estudios de casos que sirven para compartir información y poner en común distintas prácticas, además de para marcar el camino a seguir tanto a los Estados como a los operadores del sector privado.
Esta guía comienza exponiendo el panorama general de las normas internacionales de las Naciones Unidas y la OCDE (Capítulo II), luego pasa a analizar el papel de los gobiernos (Capítulo III), del sector privado (Capítulo IV) y profundiza en el enfoque de múltiples partes interesadas para mejorar la integridad empresarial (Capítulo V). A continuación, la guía analiza las distintas sanciones e incentivos (Capítulo VI) de que disponen los Estados, y propone otras medidas adicionales (Capítulo VII) que conviene que estos tengan en cuenta. Finalmente, la guía concluye con un resumen de buenas prácticas y errores comunes (Capítulo VIII) para ayudar a los Estados a aplicar las herramientas descritas.
