Los enfoques descendentes dirigidos por el Estado que se limitan a regular el sector privado tienden a ser menos eficaces frente a la corrupción. Se obtienen mejores resultados cuando se combinan con un enfoque ascendente en el que los gobiernos trabajan colectivamente con el sector privado para desarrollar leyes, estrategias, políticas, incentivos y sanciones contra la corrupción.
La principal responsabilidad de las empresas en el ámbito de la integridad empresarial es garantizar que sus empleados, agentes y socios comerciales comprendan y cumplan las leyes anticorrupción aplicables. 25 Para alcanzar este objetivo, las empresas ponen en marcha programas anticorrupción. La comunidad empresarial, especialmente las empresas más grandes de ámbito nacional e internacional y las asociaciones industriales también pueden ayudar a concienciar a la opinión pública sobre el daño que causa la corrupción, apoyando las iniciativas gubernamentales y de otra índole y proponiendo estándares de buenas prácticas en su industria y cadena de suministro. Por lo general, estas actividades se realizan en el marco de coaliciones o asociaciones, pero también pueden constituir iniciativas de una empresa en particular.
Las prácticas empresariales éticas aportan ventajas tangibles. La existencia de mejores sistemas y controles para prevenir la corrupción brinda mayor certeza y control sobre las operaciones. No obstante, quizás lo más importante es que también ayudan a proteger la reputación de la empresa —que a menudo constituye su activo más valioso— ante empleados, clientes, socios comerciales y de cara a la ciudadanía en general.
La reputación de integridad de una empresa es difícil de obtener y fácil de perder. Mientras que para imponer sanciones el Estado debe aportar pruebas en apoyo de su causa, la reputación depende de la opinión pública y puede ganarse o perderse en un breve espacio de tiempo. Las encuestas a directivos de empresas han puesto de manifiesto que estos consideran que la reputación es una motivación importante, quizá incluso la principal, para que las empresas inviertan en programas anticorrupción y otras medidas de integridad. 26 Lo cierto es que las empresas pueden tener más dificultades para conseguir contratos, contratar con proveedores y atraer a empleados con talento si su marca está mancillada por la corrupción. Las grandes empresas nacionales y multinacionales hacen una enorme inversión en su «imagen de marca» y dependen de su buena reputación para atraer y retener a sus empleados, inversores, socios comerciales y clientes.
El riesgo para la reputación es sobre todo pertinente para las grandes empresas con un perfil nacional o internacional, aunque también puede ser un factor relevante para empresas más pequeñas. En efecto, la integridad de las pymes también está sometida al escrutinio de sus empleados, clientes y socios comerciales. Las pymes pueden verse perjudicadas económicamente por una mala reputación, sobre todo ante los socios de la cadena de suministro, que pueden exigirles que solo se relacionen con otros proveedores éticos. 27 A medida que las empresas nacionales y multinacionales se esfuerzan por reforzar las prácticas de integridad en sus cadenas de suministro, los socios locales con mala reputación o cuyas prácticas anticorrupción son inadecuadas irán quedando cada vez más desplazados. 28
Una de las formas principales en que la reputación de una empresa puede verse perjudicada es a través de la desinversión por parte de vehículos de inversión controlados por el gobierno, que además pueden divulgar públicamente información relativa a la falta de compromiso de una empresa en cuestiones de integridad.
Los gobiernos pueden publicar información sobre casos de corrupción en sus sitios web, por ejemplo, a través de comunicados de prensa que detallen cómo se han resuelto las acciones de aplicación de la ley, ya sea a través de resoluciones judiciales o extrajudiciales, o mediante la presentación de demandas ante los tribunales. Esta práctica añade un aspecto reputacional a las sanciones legales impuestas, al hacer accesible al público una amplia gama de información, incluidas las razones que han llevado a imponer una sanción en un asunto concreto. En algunos países, la publicación de la sentencia se contempla como sanción opcional y complementaria a la condena de personas jurídicas. Asimismo, puede alentarse a los jueces a promover la transparencia en torno a los casos de corrupción resueltos con el fin de informar al público sobre los riesgos de la corrupción y transmitir el mensaje de que la sociedad no tolera este tipo de comportamientos corruptos.
Los informes financieros que las empresas presentan ante los organismos de regulación de los mercados de valores son una fuente habitual de información sobre las investigaciones en curso, al igual que los expedientes judiciales mediante los que se inicia o se resuelve una medida coercitiva. Los informes de la sociedad civil, por otra parte, se basan en información que las propias empresas divulgan a través de las declaraciones de responsabilidad corporativa, como las obligaciones de información medioambiental, social y de gobernanza, y otros canales. Varios de los informes publicados por organizaciones de la sociedad civil incluyen una clasificación de los esfuerzos de cumplimiento de las empresas en comparación con otras organizaciones afines, lo que puede suponer un impulso o un deterioro de la reputación de una empresa.
Los Estados también pueden utilizar la trascendencia de la reputación a modo de incentivo para que las empresas actúen con integridad. Las empresas que se han forjado una buena reputación son mejores socios comerciales, lo que a menudo se traducirá en una preferencia competitiva en materia de contratación y en otros procesos de selección comercial. Por su parte, los Estados pueden reforzar esta señal positiva del mercado mediante la adopción de medidas destinadas a alentar y premiar las buenas prácticas. Además, este tipo de señales positivas pueden proporcionar una ventaja tanto ante los consumidores como a la hora de contratar empleados de confianza, sobre todo en entornos empresariales difíciles.
Los juicios sobre la integridad empresarial también dependen de informes que la propia empresa puede hacer públicos sobre sus actividades de lucha contra la corrupción a través del Informe de Progreso (CoP) del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y otros canales similares, así como del reconocimiento público de su participación en iniciativas de fomento de la integridad o de su apoyo a estas. De modo similar, el reconocimiento positivo en el marco de un estudio comparativo a cargo de la sociedad civil puede realzar la reputación de integridad de una empresa.
Los programas anticorrupción son uno de los principales medios que utilizan las empresas para fomentar las prácticas comerciales basadas en la ética y, por lo tanto, son un punto de partida básico para analizar la cuestión de los incentivos y las sanciones. Brindan a la empresa un marco para articular los valores, políticas y procedimientos que utiliza para formar a sus empleados, transmitir el mensaje de integridad de la dirección, así como prevenir y detectar la corrupción en sus operaciones comerciales.
Los elementos fundamentales de un programa anticorrupción eficaz están bien definidos y se han expuesto detalladamente en la publicación de la UNODC Programa anticorrupción de ética y cumplimientopara las empresas:Guía práctica(2013) 29 y en la de la OCDE Guía de Buenas Prácticas sobre ControlesInternos, Ética y Cumplimiento(2009, actualizada y ampliada en 2021). 30 Estos documentos describen una serie de buenas prácticas que se han convertido en normas a nivel mundial o que han ido ganando terreno. No obstante, es importante destacar que no es suficiente contar con un programa anticorrupción sobre el papel. Este ha de estar basado en los riesgos, ser operativo, estar bien documentado, ser de eficacia probada, contar con los recursos adecuados, estar respaldado por la dirección y el órgano de gobierno de la entidad y, por supuesto, cumplir las normas legales aplicables.
Si bien es cierto que existen muchos modelos diferentes de programas anticorrupción, todos ellos comparten ciertas características, entre ellas:
Se anima a los Estados a desarrollar sus capacidades de evaluación de la eficacia de los programas anticorrupción de las empresas y a trabajar con el sector privado con el objetivo de ayudar a estas a cumplir con sus obligaciones.
Aunque es posible que las pymes no dispongan de los mismos recursos que las grandes empresas, como tener un departamento o personal dedicados a la integridad, en los últimos años se ha avanzado mucho para contribuir a que este tipo de empresas se pongan al día en materia de integridad. En este sentido, los Estados pueden ayudar a impulsar la integridad de las pymes teniendo en cuenta sus diferentes perfiles y proporcionándoles recursos para que puedan aplicar procedimientos anticorrupción adecuados y adaptados a su perfil de riesgo.
A escala mundial, las pymes representan alrededor del 90 % de las empresas y más del 50 % del empleo en todo el mundo. 32 En consecuencia, son actores esenciales en la aplicación de las normas internacionales de integridad, incluidas la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE. Además, muchas pymes son empresas familiares, por lo que están entrelazadas y son indisociables de las comunidades a las que pertenecen. Por eso, el fomento de la integridad entre las pymes trasciende los mercados y tiene una dimensión social que puede repercutir positivamente en la vida de familias y comunidades enteras.
Dicho esto, los Estados tienen un importante papel que desempeñar a la hora de proporcionar orientación y herramientas anticorrupción a las pymes, entre ellas, actividades de formación, sensibilización y educación. Asimismo, los Estados deben articular claramente sus expectativas hacia este tipo de empresas en relación con el desarrollo e implementación de programas anticorrupción, proporcionando orientaciones claras y fácilmente accesibles a nivel nacional adaptadas a la situación particular de las pymes. 33
A menudo, las pymes aparecen entrelazadas en las cadenas de suministro de organizaciones más grandes. Así, demostrar su compromiso con la integridad empresarial es crucial para que las pymes obtengan contratos de estas organizaciones más grandes. Cabe destacar que el acceso a las oportunidades de negocio puede ser un factor de impulso más eficaz para la integridad empresarial de las pymes que el elemento disuasorio frente a la corrupción que supone la amenaza de un proceso judicial. Los Estados pueden plantearse dirigirse a las pymes mediante obligaciones contractuales u obligar a las grandes empresas mundiales a responsabilizarse de la integridad en toda su cadena de suministro.
Asimismo, los Estados deberían considerar la posibilidad de promover y recompensar a las pymes que reflejan un mayor grado de madurez ética a través de diversos programas de incentivos. Si bien los Estados deben tener en cuenta las particularidades y características diferenciadoras de las pymes en comparación con las grandes organizaciones, también han de tener cuidado de no crear excepciones que permitan a las pymes mantener prácticas poco éticas.
La divulgación de información es una herramienta fundamental para dar a conocer el compromiso de las empresas con respecto a toda una gama de cuestiones relativas a la sostenibilidad, incluidos los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción. La divulgación de informes sobre los programas anticorrupción se basa en varios postulados, en particular en la premisa de que la transparencia puede mejorar las prácticas internas, fortalecer la credibilidad pública y facilitar información necesaria a los inversores y otras partes interesadas. Además, la divulgación de información permite aumentar la sensibilización dentro de la organización y prestar más atención a las funciones de liderazgo y los recursos. También permite realizar evaluaciones comparativas e introducir mejoras a lo largo del tiempo. Dicho esto, hay que señalar que, aunque el aumento de la transparencia es, en conjunto, algo positivo, un estudio revela que una mayor transparencia también puede exponer a las empresas a un mayor riesgo, lo que puede frenar el progreso. 34
Como parte del mecanismo del CoP, el Pacto Mundial de la ONU también exige a las empresas participantes que informen sobre sus políticas y programas internos de lucha contra la corrupción, sobre la eficacia de su aplicación y sobre cualquier participación en iniciativas de acción colectiva contra la corrupción. Informar públicamente sobre los esfuerzos anticorrupción brinda a las empresas una oportunidad para demostrar su grado de responsabilidad y compromiso con el fortalecimiento de la integridad empresarial.
Son múltiples las razones que hacen que las empresas se esfuerzan cada vez más por tener una conducta responsable e informar sobre sus acciones. La información medioambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) está guiando las decisiones de los principales inversores, así como las de los consumidores, las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil; que esperan más acción, transparencia y responsabilidad por parte de las empresas. La divulgación de información no financiera, que antes era una actividad puramente voluntaria, ahora tiende a ser obligatoria, sobre todo teniendo en cuenta los entornos de riesgo cada vez más complejos en los que operan las empresas y el rápido aumento de los requisitos de información. En la actualidad, algunos de los principales proveedores de marcos ESG son la Global Reporting Initiative (GRI) y las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad, que exigen a las empresas que informen sobre una serie de factores de gobernanza, como la ética empresarial y la cultura corporativa, la lucha contra la corrupción y el soborno, la protección de los denunciantes de irregularidades y las actividades relacionadas con la influencia política, incluidos los grupos de presión. 38
Los Estados también pueden adoptar medidas dirigidas a sectores económicos de mayor riesgo o a actividades empresariales que revistan especial interés para su jurisdicción. Así, pueden hacerlo aplicando requisitos de información transparentes que tengan como objetivo reducir la probabilidad de que la corrupción arraigue en un sector industrial determinado. Además, los Estados, las bolsas de valores, las autoridades responsables de la contratación pública y otros agentes pueden considerar conveniente añadir otros requisitos de información. Los requisitos de información pueden hacer que algunas empresas tomen medidas a favor de la integridad que de otro modo no adoptarían.
