La integridad empresarial puede reforzarse mediante un planteamiento multilateral de la lucha contra la corrupción. Este tipo de enfoque reúne a entidades gubernamentales, empresas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes para participar en acciones colectivas, estrategias nacionales anticorrupción, programas de apoyo del sector público a la capacitación del sector privado, etc. Asimismo, los gobiernos pueden codiseñar mecanismos y herramientas conjuntamente con el sector privado a fin de reforzar los esfuerzos anticorrupción.
El término «acción colectiva» hace referencia a los esfuerzos de colaboración en los que participan múltiples partes interesadas, incluidas entidades gubernamentales, empresas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes, para abordar los desafíos que implica la corrupción y promover la integridad. El concepto de acción colectiva pone de manifiesto que la lucha contra la corrupción requiere el compromiso conjunto y la acción coordinada de diversas partes.
Los enfoques de acción colectiva pueden adoptar diferentes formas: iniciativas sectoriales, alianzas industriales, coaliciones anticorrupción, asociaciones público-privadas y plataformas de colaboración. En esencia, la acción colectiva anticorrupción consiste en reunir a las empresas y otras partes interesadas para abordar problemas comunes de corrupción, elevar los niveles de integridad empresarial e igualar las condiciones entre competidores. 39
Si bien es cierto que, en su día, la acción colectiva fue un enfoque novedoso, en la actualidad se la reconoce y fomenta a través de diversos instrumentos jurídicos, incluso como herramienta potencial para reforzar la integridad empresarial, como en la declaración política de la UNGASS de 2021 y la Recomendación de la OCDE para Combatir el Cohecho de 2021. 40 El Pacto Mundial de las Naciones Unidas elaboró una guía específica 41 que establece un enfoque de seis pasos (preparar, presentar, desarrollar, implementar, evaluar y escalar y mantener; y contiene una serie de subpasos a tener en cuenta) para ayudar a diseñar e implementar iniciativas de acción colectiva. 42
A continuación, se ofrecen algunos ejemplos prácticos de iniciativas de acción colectiva.
Existen varios ejemplos de distintas partes del mundo de iniciativas de acción colectiva contra la corrupción lideradas por el sector privado.
Las autoridades públicas pueden colaborar con el sector privado y otras partes interesadas a la hora de diseñar políticas nacionales y marcos jurídicos para luchar contra la corrupción. Es probable que diversas partes interesadas dispongan de información valiosa y recomendaciones útiles para elaborar estrategias más eficaces y mejor adaptadas a las necesidades y circunstancias particulares de su país. La escucha de un amplio abanico de puntos de vista puede ayudar a forjar una visión común y a reforzar la legitimidad de las leyes y las políticas, lo que redunda en una mayor aceptación por parte de la ciudadanía. Es más probable que quienes consideran que sus voces han sido escuchadas en la formulación de una política colaboren para impulsar la estrategia y garantizar su aplicación efectiva. 43
El sector privado puede contribuir sustancialmente al ciclo de vida de una estrategia nacional anticorrupción, yendo más allá del mero cumplimiento de sus disposiciones. A partir de la evaluación del riesgo de corrupción, los gobiernos pueden obtener información valiosa relacionada con los problemas de corrupción a los que se enfrenta la comunidad empresarial de su país. A la hora de establecer las prioridades y los objetivos de la lucha contra la corrupción, las empresas pueden recomendar aquellas políticas y marcos jurídicos que consideren necesarios para abordar las tramas de corrupción que afectan a sus empresas y sugerir iniciativas prácticas para mejorar la integridad empresarial. Así, las empresas pueden orientar a los gobiernos para garantizar que las herramientas políticas sean efectivamente aplicables y prácticas, en lugar de teóricas e inaplicables.
Actuar colectivamente puede generar un sentimiento de pertenencia y compromiso tanto en el sector público como en el privado, algo fundamental para la aplicación eficaz de la estrategia. En esta fase, la cooperación adopta la forma de sesiones conjuntas de formación en materia de lucha contra la corrupción, promoción de valores compartidos y diálogo permanente para el desarrollo de normativas. Por último, el sector privado puede desempeñar un papel clave en el seguimiento y la evaluación del impacto de la estrategia, haciendo que el gobierno rinda cuentas y proporcionando información sobre determinadas áreas con implicaciones directas en sus operaciones.
Las empresas pueden desempeñar un papel activo en el diseño y la formulación de marcos normativos para promover la integridad y luchar contra la corrupción. Especialmente cuando las capacidades de los organismos reguladores son limitadas. Así, las empresas pueden colaborar con las instituciones públicas para desarrollar una forma híbrida de regulación basada en el derecho público (hard law) y acuerdos privados (soft law). De este modo, mediante la acción colectiva se pueden codiseñar tanto las sanciones como los incentivos. 44 El codiseño de marcos reguladores también puede servir de incentivo para que el sector privado se sume a este tipo de iniciativas.
Los Estados no deben limitarse a adoptar y aplicar leyes y reglamentos en materia de lucha contra la corrupción, también han de comunicarlos y difun3irlos. Asimismo, han de proporcionar a las empresas orientación sobre los requisitos de cumplimiento de la legislación, sobre cómo diseñar programas y políticas anticorrupción que sean eficaces para cumplir la ley y sobre las mejores prácticas para combatir la corrupción. Es conveniente que el sector privado participe desde un primer momento en el proceso de definir esas mejores prácticas, a fin de ayudar a los gobiernos a comprender las realidades prácticas de las empresas, sus capacidades y limitaciones, así como a elaborar un plan de futuro sobre cómo mejorar continuamente dichas prácticas. Conviene destacar que es fundamental que el Estado comunique sus expectativas al sector privado y viceversa.
La lucha contra la corrupción a través de un enfoque multilateral fomenta la capacidad de aprender unos de otros. En efecto, los gobiernos pueden beneficiarse enormemente de colaborar con actores no estatales. Esto incluye tanto a la sociedad civil como a los medios de comunicación y las asociaciones empresariales.
Los gobiernos pueden aprender de los actores del sector privado a través de diversos medios, como la formación en cuestiones de lucha contra la corrupción, el asesoramiento sobre factores de riesgo e incluso la redacción de leyes cuyo objetivo sea garantizar que los marcos jurídicos respondan a las necesidades reales del sector.
El desarrollo de capacidades es otro ámbito en el que los sectores público y privado pueden aprender uno del otro, como se muestra en los estudios de casos que se exponen a continuación.
